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El juez federal Bonadío impuso la medida tras reunirse con peritos que investigan el accidente ferroviario en el que murieron 51 pasajeros. Busca evitar la "propagación de resultados periciales que generen confusión”.
La tragedia del tren de Once causó 51 muertes.
El juez federal Claudio Bonadío impuso esta tarde el secreto de sumario en la causa por la tragedia del tren de Once, que causó 51 muertes, tras reunirse durante toda la mañana con peritos que elaboran un informe sobre lo ocurrido con la formación y quienes le expusieron resultados parciales, informaron fuentes judiciales.
El magistrado que investiga el caso fundamentó su decisión en la necesidad de evitar "propagación de resultados periciales que generen confusión y sean utilizadas por las partes que intervienen en campañas periodísticas, resultando perjudicadas las víctimas y la población", argumentó.
En tanto, el abogado Gregorio Dalbón que representante a heridos y deudos de algunos de los 51 fallecidos en el choque anunció hoy que pedirá el juicio político de Bonadío a quien acusó de "manifiestas irregularidades" en el manejo del caso.
En medio de la polémica sobre el desempeño del magistrado que avaló la presentación del gobierno como parte querellante cuando era responsable de los servicios ferroviarios que concesionó, el presidente de la Corte Suprema llamó hoy a los jueces a hacer "un esfuerzo" para que "la Justicia sea más rápida" y sus funcionarios sean "imparciales".
Al inaugurar esta mañana el año de labor judicial, Lorenzetti realizó una referencia tácita a la tragedia de Once, y recordó que "la Constitución obliga a los prestadores de servicios públicos a dar un trato digno a los consumidores y desempeñar conductas para el cuidado de la vida y salud de los habitantes".
"Ricos o pobres, todos tienen derechos a la seguridad", acotó y remarcó que "quien ha sufrido una tragedia necesita una respuesta rápida y mucho más oportuna en el tiempo".
Por otra parte, sostuvo que la "gente no pide grandes cosas, pide que la Justicia sea rápida, que seamos imparciales, que las sentencias sean en un tiempo razonable" y convocó a los magistrados a hacer "este esfuerzo porque vale la pena".
"Sólo quien soporta el proceso, es decir, el imputado o su defensa, puede oponerse a la intervención de las partes acusadoras", argumentó el magistrado en alusión a la apelación que presentó el abogado Dalbón contra la autorización al Ministerio de Planificación Federal para ser querellante.
Desde anoche, y por orden de Bonadío, no pueden salir del país el secretario de Transporte nacional, Juan Pablo Schiavi, al subsecretario de Transporte Ferroviario y sindicalista Antonio Luna, y el jefe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro.
La prohibición alcanza a los dueños de TBA, Roque y Claudio Cirigliano.
A todo esto, el abogado Dalbón anunció que pedirá el juicio político de Bonadío y para ello hizo una presentación ante su juzgado federal, el número 11, donde pidió copia de la causa para que el Consejo de la Magistratura de la Nación analice su conducta.
El magistrado que investiga el caso fundamentó su decisión en la necesidad de evitar "propagación de resultados periciales que generen confusión y sean utilizadas por las partes que intervienen en campañas periodísticas, resultando perjudicadas las víctimas y la población", argumentó.
En tanto, el abogado Gregorio Dalbón que representante a heridos y deudos de algunos de los 51 fallecidos en el choque anunció hoy que pedirá el juicio político de Bonadío a quien acusó de "manifiestas irregularidades" en el manejo del caso.
En medio de la polémica sobre el desempeño del magistrado que avaló la presentación del gobierno como parte querellante cuando era responsable de los servicios ferroviarios que concesionó, el presidente de la Corte Suprema llamó hoy a los jueces a hacer "un esfuerzo" para que "la Justicia sea más rápida" y sus funcionarios sean "imparciales".
Al inaugurar esta mañana el año de labor judicial, Lorenzetti realizó una referencia tácita a la tragedia de Once, y recordó que "la Constitución obliga a los prestadores de servicios públicos a dar un trato digno a los consumidores y desempeñar conductas para el cuidado de la vida y salud de los habitantes".
"Ricos o pobres, todos tienen derechos a la seguridad", acotó y remarcó que "quien ha sufrido una tragedia necesita una respuesta rápida y mucho más oportuna en el tiempo".
Por otra parte, sostuvo que la "gente no pide grandes cosas, pide que la Justicia sea rápida, que seamos imparciales, que las sentencias sean en un tiempo razonable" y convocó a los magistrados a hacer "este esfuerzo porque vale la pena".
"Sólo quien soporta el proceso, es decir, el imputado o su defensa, puede oponerse a la intervención de las partes acusadoras", argumentó el magistrado en alusión a la apelación que presentó el abogado Dalbón contra la autorización al Ministerio de Planificación Federal para ser querellante.
Desde anoche, y por orden de Bonadío, no pueden salir del país el secretario de Transporte nacional, Juan Pablo Schiavi, al subsecretario de Transporte Ferroviario y sindicalista Antonio Luna, y el jefe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro.
La prohibición alcanza a los dueños de TBA, Roque y Claudio Cirigliano.
A todo esto, el abogado Dalbón anunció que pedirá el juicio político de Bonadío y para ello hizo una presentación ante su juzgado federal, el número 11, donde pidió copia de la causa para que el Consejo de la Magistratura de la Nación analice su conducta.
